Resumen: Verificado el allanamiento como consecuencia de prueba adicional aportada en el proceso judicial, señala la Sala como criterio general en materia de imposición de costas en casos de allanamiento que la regla objetiva del vencimiento es la que deriva de lo dispuesto en el artículo 139.1 LJCA y no en la LEC, y, por consiguiente, resulta procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien, igualmente podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA y antes en el apartado 3 en moderación del criterio objetivo. Y así en el caso la Sala concluye que no procede imponer las costas causadas en este procedimiento a la Administración demandada, teniendo en cuenta que el allanamiento ha venido motivado por la prueba adicional unida al recurso contencioso administrativo. Circunstancia que, a juicio de la Sala, justifica la no imposición de costas.
Resumen: La sentencia se enfrenta ante un supuesto en el que la oficina gestora calificó las rentas dl propietario como actividades económicas, y el TEAR como rendimientos inmobiliarios. Declara que en el contrato de aparcería el propietario cede al aparcero la explotación de una finca a cambio de una participación en los productos obtenidos, con contribución o sin contribución del propietario en los gastos. Y dicho esto, en atención a que, de un lado, el TEARC califica la renta derivada del contrato de aparcería como rendimiento de capital inmobiliario, frente a las conclusiones de la Oficina Gestora, que consideraba las rentas procedentes de una actividad económica, y que modificó la calificación misma del hecho imponible sin audiencia a la parte, concluye: que tanto del contrato de aparcería como de la declaración del aparcero, se acredita que los medios de producción son a cargo del propietario, y sin embargo la Administración considera que los gastos de amortización, en su caso, podrían ser deducidos por el aparcero.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si el artículo 33.5.d) de la Ley del IRPF, en la redacción previa a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, permite computar como pérdidas patrimoniales todas las debidas a pérdidas en el juego obtenidas en el período impositivo hasta el importe de las ganancias obtenidas en el juego en el mismo período.
Resumen: Señala la Sala que la norma exige atender al "inicio del período impositivo en que el contribuyente adquiera las acciones o participaciones". Por más que pudiera ser cuestionable esa decisión legal y que su sentido genere serias dudas, el tenor literal impone que la valoración de la existencia del grupo de sociedades -con la consecuencia de que se considere el importe de los fondos propios del conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo-,tome en consideración una situación anterior al momento en que se efectúa la inversión que da lugar a la deducción. La Sala entiende que la literalidad del precepto ha de prevalecer sobre la interpretación postulada por la parte recurrente que sostenía que la condición de grupo de sociedades se refiere a un ejercicio completo, y no es hasta 31 de diciembre cuando se consolida la existencia del grupo. Y es que concluye la Sala esta debe estarse a la interpretación estricta en las deducciones y beneficios pues una cosa es la analogía y otra la interpretación de las normas, pues mientras la primera -proscrita- constituye una actividad de integración del ordenamiento por la que se extiende una norma a presupuestos de hecho no contemplados implícita o explícitamente por ella, la segunda, por el contrario, tiene por objeto conocer el sentido, alcance y finalidad de la norma en el marco de la realidad social en el que la misma se aplica.
Resumen: No hay motivo ni razón alguna para que nos apartemos de la consolidada jurisprudencia sobre la aplicación del art. 135.5 de la LEC al recurso contencioso administrativo. Baste, pues, por tener por reproducido los pronunciamientos de este Tribunal Supremo de los que se hace eco el auto de admisión, y añadir, por lo reciente, la sentencia de 28 de enero de 2021, rec. cas. 829/2020 . Indicar que la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que el legislador ha interpretado auténticamente la duda existente mediante la Ley 42/2015 que confirma la aplicación del precepto cualquiera que fuere la forma de presentación, incluso la realizada en forma electrónica.
Resumen: Las aportaciones/cotizaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de Banca a partir del 1 de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1978, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, no fueron susceptibles de deducción en la base imponible del IRPF de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, por lo que resulta procedente la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, a la pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social, debiendo integrarse en la base imponible del impuesto el 75% del importe de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.
Resumen: Las aportaciones/cotizaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de Banca a partir del 1 de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1978, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, no fueron susceptibles de deducción en la base imponible del IRPF de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, por lo que resulta procedente la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, a la pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social, debiendo integrarse en la base imponible del impuesto el 75% del importe de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.
Resumen: Las aportaciones/cotizaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de Banca a partir del 1 de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1978, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, no fueron susceptibles de deducción en la base imponible del IRPF de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, por lo que resulta procedente la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, a la pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social, debiendo integrarse en la base imponible del impuesto el 75% del importe de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas.
Resumen: Se reitera la jurisprudencia fijada en la STS de 4 de diciembre de 2023 (rec. 6555/2022), en virtud de la cual, para poder aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual a partir del año 2013 se exige que el contribuyente haya adquirido su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2012 y que se haya deducido, de forma efectiva, cantidades por ese concepto con anterioridad a dicho ejercicio. No obstante, cabrá aplicar dicha deducción en el supuesto de que la falta de aplicación derive de sobrepasar la inversión realizada en otra vivienda habitual, correspondiendo a la Sala de instancia valorar la interpretación del contribuyente sobre el cálculo de la inversión efectuada en la anterior vivienda habitual y su incidencia en la excepción al requisito del ejercicio efectivo del derecho a la deducción en los ejercicios anteriores a 2013, a fin de determinar si la interpretación realizada resulta razonable atendiendo a las circunstancias concurrentes.
Resumen: La determinación del valor de transmisión de las participaciones sociales de una entidad no cotizada en mercados efectuada por aplicación de las reglas de valoración contenida en el artículo 37.1.b) de la Ley del IRPF no constituye una comprobación de valor en la que se empleen los medios de comprobación del artículo 57.1.a) y/o i) de la LGT, por lo que no resulta de aplicación la normativa de la tasación pericial contradictoria ni es admisible su utilización en corrección de la liquidación tributaria resultante.
